Resulta que una sociedad tiene en sus estatutos -normas de funcionamiento que todos aceptan y bajo las que se rigen- que tengo que aprobar por votación una cosa como el cambio de domicilio fiscal. Pues bien, el Gobierno de España puede, por medio de un Real Decreto a la carrera, cambiar eso y quitarme esa postestad. Es, obviamente, el caso de Caixabank y el Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional.
Esto es lamentable. Si no fuera porque lo que es democrático ya ha perdido todo significado y sólo sirve de acusación de unos a otros, diría que este Real Decreto es profundamente antidemocrático. Tampoco es que ingenuamente crea que una organización como Caixabank, por tener que votar ciertas cosas, sea democrática en su funcionamiento interno, pero por lo menos algo de disimulo se mantenía en el esfuerzo de convocar juntas y demás mecanismos.
La redacción del Decreto con las justificaciones que usa es más lamentable si cabe que el fondo. Evidentemente no menciona el propósito del mismo y cuenta milongas sobre otras áreas del derecho y otras épocas por las cuales es posible hacer eso. Y lo justifica, para bochorno de quien se lo lea, por la movilidad de las empresas que es necesario preservar pues así lo dice la Constitución; siempre la misma. Resulta que en el tercer tremiste del año se producen muchos movimientos de empresas que -resulta también- es por motivos estratégicos (y así nos va, la estrategia de las empresas es trimestral por lo que se insinúa). No tiene desperdicio por lo que se copia a continuación un párrafo.
La extraordinaria y urgente necesidad de la medida viene justificada por la exigencia de garantizar la plena vigencia del principio de libertad de empresa consagrado en el artículo 38 de la Constitución, así como de respetar la prohibición de adoptar medidas que obstaculicen la libertad de establecimiento de los operadores económicos prevista en el artículo 139 de la Constitución. Por consiguiente, se debe evitar que las divergencias interpretativas y controversias societarias demoren la eficacia del traslado del domicilio dentro del territorio español en aras de consolidar la unidad del mercado. Esta necesidad es especialmente acuciante atendiendo al incremento de movimientos societarios que se produce en el último trimestre de cada año, al adoptar nuestras empresas decisiones de planificación estratégica cuya implantación requiere en muchas ocasiones el traslado del domicilio social y que, en el contexto actual, pueden venir motivadas por las especiales circunstancias que caracterizan el momento en que esta norma va a entrar en vigor.
Por supuesto no se puede quitar la libertad a los miembros de una sociedad para que pongan en sus estatuos que una decisión como la de cambiar de sede fiscal se deba debatir y votar. Pero para eso, nos dice el Decreto, se puede, si eso, incluir en los estatutos (convocando una Junta) después de la entrada en vigor del mismo Real Decreto que lo anula. Es de cachondeo.
A continuación seguro que alguien argumenta de nuevo la necesidad de respetar la Ley, claro, la misma que se puede cambiar sin más, de tapadillo, a medida de, en este caso, una concreta entidad bancaria, y contraria a derechos de personas que habían aceptado una normas de juego estatutarias y que, en el fondo, son los dueños de la misma. Pierden toda fuerza los mismos que argumentan que si se quiere cambiar una ley existen mecanismos para ello, lo cual, sabiendo como funciona el poder, todos sabemos que es falso.
Habrá mucha gente feliz viendo como las empresas “se van de Catalunya”. Evidentemente es un error conceder esa importancia y poder a las empresas frente a la política, es el error que venimos cometiendo desde que nos colaron la doctrina neoliberal. El dinero es cobarde y si alguien piensa que luego no se cobrará el favor que le está haciendo al Gobierno lo tiene claro y en el fondo lo pagaremos todos y todas, como siempre, si es que, con todo lo ocurrido en la banca, no está pagado con creces.
No conviene tampoco olvidar que otra vez y de nuevo, hay políticos que ya empiezan a decir que han fallado a los ciudadanos. Joder, ¡otra vez! Hace tres días decían lo mismo con la gran crisis y hace dos con las varias elecciones e imposibilidad de acuerdos. Podemos seguir así hasta el infinito, cada vez y con cada problema, pero que siempre fallan es el punto al que se llega. Se deberían volver en bloque a sus ocupaciones anteriores dado que su incapacidad ya es manifiesta y reconocida siendo, como son, los mismos personajes.
Resulta muy cansado salir a la calle, cada vez, votar, cada vez, para llegar al mismo punto también cada vez. Los ciudadanos estamos haciendo todo lo que se nos deja para mostrar nuestro compromiso con un sistema de toma de decisiones colectivo, que nos importan las cosas, acusación que tantas veces se ha vertido sobre la pasividad y anomia sociales. Pero el poder no se da por aludido y sigue haciendo todo lo que está a su alcance para demostrarnos que, en realidad esto no es una democracia, es un sistema como otro cualquiera, con el que nos fue bien un tiempo, a algunos y no a todos, pero ya ni eso.
Tienen lo que siempre han clamado, con la boca pequeña y cínicamente, que es una sociedad movilizada, ciudadanos debatiendo, implicados y resulta que sólo saben utilizarlo para enfrentarnos. Ya está bien de sostener esta gran mentira.