La presidenta de la Comunidad de Madrid utilizó el clásico argumento -¿quién va a limpiar sus casas, quién recoger sus cosechas…?- para atacar o otro partido muy de derechas. Se supone que la buena señora estaba defendiendo a las personas migrantes frente a sus fascistas amigos de la ultra derecha.
La izquierda salió en tromba a calificar sus palabras como racismo y clasismo. Y los medios a encontrar personajes de esa izquierda que se habían antes basado en argumentos iguales. La cuestión -pareció- fue luego dirimir si hablar de la inmigración solo en términos de interés económico para los “españoles”, situándola en esos lugares de trabajo que nadie quiere pero son imprescindibles, es racismo.
Los mecanismos para llegar a que unas personas, de forma mayoritaria, hagan trabajos que nadie quiere, ni ellos, ni ellas, desde luego no en esas precarias condiciones, sí son racistas, y estos se basan, principalmente, en la legislación que tenemos. Referirse a la realidad de nuestra estratificación social, tal como hace la señora, no es en sentido estricto racista, decir que nuestra sociedad no funcionaría hoy sin las personas migrantes, solo tiene de malo no señalar cómo se llega a tal situación. Te puede, además, parecer bien, estas personas honradamente se buscan la vida y solo tienen disponibles esos trabajos, punto, sin mayor análisis. Pero dedicándote a la política es muy pobre la reflexión o muy interesada porque, al final, necesito que alguien me haga esas cosas, baratito, que es la clave de todo.
La derecha política defiende sus intereses de clase, normal. Se puede permitir el lujo de saber que la situación es esta, que se basa en leyes racistas, y aun así presionar por imponer medidas más restrictivas a la inmigración, ampliando el racismo. No ven contradicción en ello. La presidenta y sus socios de la ultra derecha pueden perfectamente convivir con la idea de “necesitamos la inmigración para que limpie nuestras casas y podemos presionar más para que no entren o si lo hacen vivan en peores condiciones todavía”. Saben que la necesidad provocada por una mayor presión hará que todavía puedan encontrar personas que hagan esos mismos trabajos por menos y en peores condiciones. Y, además, les da votos porque han convencido a una parte de la clase trabajadora para que compre sus argumentos. A ricos y poderosos les da igual a quien puedan explotar para lucrarse, las personas migrantes les parece tan bien como cualquier otro grupo. El racismo institucional es solo una herramienta.
El problema lo ha tenido desde hace décadas esa parte de la izquierda neoliberal porque no ha sabido o querido enfrentar argumentalmente la situación. Esta izquierda puede que perdiera la perspectiva de clase hace mucho tiempo y solo mantenga algunas cuñas que usa aquí y allá pero vacías de contendido. Su problema parte de una concepción nacionalista del estado. En el fondo creen que “primero son los de aquí”. Esto permite una legislación racista que sitúa a muchas personas en situaciones vitales muy precarias y vulnerables a todo tipo de explotaciones laborales, así como carencia de derechos que el resto más o menos tiene. El racismo, ya lo hemos mencionado, es fundamentalmente un negocio.
Me atrevo a proponer a esa izquierda una posible forma de enfrentarlo. Dado que la inmigración es fundamentalmente laboral, es decir, la gente va a otro país a trabajar y ganarse la vida, una opción sería que, en cuanto tuvieran un trabajo, tuvieran derecho al voto. ¿Cómo? Pues esto es simplemente la esencia de la democracia, si estás en un lugar y cumples, deberías tener inmediatamente derecho a opinar sobre las cuestiones colectivas que en ese lugar se dirimen mediante la política. Es verdad que nos dejamos fuera a otra buena cantidad de personas que están y no trabajan y el objetivo debería ser que todo el que resida pueda opinar. Pero no corramos tanto no sea que les explote la cabeza de golpe con la herejía.
El problema de esto es que ricos y poderosos podrían todavía decidir mantener a una inmensa cantidad de gente trabajando en situación irregular y por lo tanto alejada de la posibilidad del voto. Pues no hombre no, el estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley y si la ley dice que si trabajas inmediatamente tienes que estar dado de alta y puedes votar, el estado debería perseguir a cualquier persona o negocio que insistiera en tener personas trabajando en situación irregular. Esto no es más caro que todo el dinero que hoy se pone en el sistema de vigilancia, control y deportación de las personas migrantes, se trata simplemente de moverlo hacia la inspección laboral, y seguro que acaba siendo un ahorro. Además, más personas cotizando es también más ingreso.
La derecha y la izquierda neoliberal creen firmemente en la ley de la oferta y la demanda. Si llegara el caso en el que los puestos de trabajo se ocuparan todos y no hubiera más, las personas tardarían poco tiempo en dejar de querer venir a España a trabajar, porque no habría trabajo. Lo que es profundamente injusto es lo que hoy ocurre, si sigue habiendo una reserva de mano de obra irregular, los precios del trabajo van a la baja. La doctrina neoliberal se siente muy cómoda con esto, prueba de ello es la congelación y baja de los salarios a nivel mundial, la idea es ganar más apretando por la reducción de costes salariales, lo de la innovación y tal, es básicamente una distracción. Es una amenaza a la clase trabajadora de “te voy a sustituir por máquinas o te bajo el sueldo”. Todos sabemos que el límite de esto está en que la gente no pueda comprar todo lo que el sistema quiere vender y entones sí se pararía el mundo. Pero parece que ven que les queda margen hasta que llegue esa crisis de demanda. De momento se salva por la creciente desigualdad mundial, cada vez hay menos personas con acceso a todos los bienes, el resto se va ajustando.
La clase trabajadora que compra el argumento racista contra la inmigración no está aplicando perspectiva de clase. El enemigo no es el señor o la señora que quiere trabajar, es el empresario que no quiere hacer contrato y sí bajarte el sueldo todo lo que pueda aunque tengas contrato.
Si obligas a todo el mundo a hacer contrato de trabajo al trabajador -fíjense en el mundo que vivimos que esto se puede plantear- habrá pequeños empresarios que en un alarde de honestidad te digan que pagando más a sus trabajadores, su negocio no será competitivo y tendrá que cerrar. Si son honestos, también honestamente entenderán que su vida no se puede basar en hacer un infierno de la de otros, está feo, pero es humanamente comprensible, para que llore mi madre que lo haga la tuya. A estos habrá que decirles que el enemigo no es la persona que quiere trabajar, sino un mercado planteado con los pies, y probablemente una competencia de grandes empresas que hacen que su negocio, sin explotar a otros seres humanos, sea inviable. A todo aquel, que probablemente sea la mayoría, que pudiendo pagar más paga menos para aumentar sus ganancias, ya lo sentimos, hay que pararlo a base de inspecciones; primero de buen rollo y luego con sanciones que hagan que deje de compensar.
Volvamos al voto. No sé si lo hemos pensado bien, pero que un señor español y muy español que ha corrompido o dejado corromper evitando pagar su parte como el resto de trabajadores que no se pueden escapar, siga teniendo derecho al voto, incluso no pocos en parlamentos, es algo raro. Mientras que un señor o señora que se levanta a las 5 y trabaja lo que puede y dejan por una miseria, no, porque no es español o española o no tiene permiso de trabajo. Si esto es así, la democracia tiene mucho de ficción, que no es que no lo sepamos. Sin duda los que evitan cumplir con su parte deberían ser sancionados, además, con la pérdida del derecho al voto, al menos mientras dure la sentencia porque la rehabilitación debe seguir siendo un principio. El derecho al voto, me pregunto si debe ser algo por tener españolidad en la sangre, o por formar parte de una sociedad cumpliendo con tus obligaciones y contribuyendo a la misma como la mayoría de la gente. Yo lo tengo claro. Los chorizos, en especial los corruptos y de guante blanco, se quedan un tiempo sin poder votar.
Sin personas en situación irregular y con un derecho al voto más democrático, el mundo seguiría estando lejos de ser perfecto, esto no es posible, tal vez ni con otro sistema que el capitalista voraz. El problema, si alguien en la izquierda propusiera esto es que la clase dominante pondría en marcha todos los recursos, que son casi todos, para hablar de comunismo y empezar una caza sucia a todo el que así se pudiera pronunciar. No sé si esta propuesta es precisamente comunista, pero algo más democrática que lo que tenemos sí me lo parece.