Gracias a El Pais por intentar explicar la situación incorporando no sólo las dramáticas situaciones, sino también información para acercarnos a la comprensión del problema.
El asilo es parte de los Derechos Humanos y está incorporado en la Constitución Española y en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Por insistir, es un derecho, y sólo de forma secundaria está relacionado con la vulnerabilidad económica y social de las personas que lo solicitan. Como bien indican, el problema empieza cuando la solicitud no puede ser resuelta en un breve espacio de tiempo y, evidentemente, también por derecho, no puedes deportar a nadie, menos si existen fundadas sospechas de que su vida corre peligro si lo haces.
En el Ministerio deberían saber lo anterior por lo que preocupan sobremanera las palabras que salen del mismo y ustedes entrecomillan:
“Vemos con preocupación la utilización de la solicitud de asilo como vía de entrada a España por personas que van a ver denegada su petición porque no tienen perfil de beneficiario de protección internacional”
https://elpais.com/politica/2019/11/23/actualidad/1574521465_352891.html
Esto tiene mucha tela y obedece a una discusión recurrente desde hace décadas cuando se habla de inmigración y asilo. La primera cuestión es que, quien sabe -en todo caso- que una petición será denegada es el Ministerio, no el peticionario. Este último, en alguna ocasión, al solicitar, puede saber que casi todas las peticiones son denegadas tras uno o dos años de trámite e inferir que la suya, por probabilidad, lo será también. Pero no se puede culpar a la víctima porque muchas han sido denegadas cuando había motivos para lo contrario, y sabemos que se toman decisiones en grupo y por motivos políticos como es el actual caso de los venezolanos (pero ha habido muchos similares). Al final, lo que el Ministerio no puede negar es que existe cierta sensación de lotería con la concesión de asilo y protecciones a medio camino del mismo, dentro de que la mayoría son denegadas. Pero la culpa, parecen querer decir y pese a ello, es del que solicita que aunque ejerza su derecho no debería, en conciencia y solidaridad con el resto de solicitantes y españoles, aunque sea el sistema el que hace aguas por todos lados. No hombre, no.
La cuestión polémica, que existen solicitudes falsas. Como en todos los ámbitos de la vida, algunas personas quieren sacar el máximo partido de lo que tienen a mano, normas y sistemas que no han decidido ellos y ellas, sólo los utilizan. Puede ser y puede llevar a enfado, a los que más debería -no obstante- y porque más perjudica, es a los solicitantes de asilo que se verán afectados y afectadas por declaraciones como estas. Pero, ¿si existen? ¿cuántos son, son la mayoría? Recurramos a la definición primera:
Un refugiado es aquel que “debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”
https://eacnur.org/es/convencion-de-ginebra-de-1951-el-estatuto-de-los-refugiados
Seguro que alguna persona que pasaba por allí dijo “mira qué bien, voy a pedir asilo porque es la forma de quedarme en España” pero tal como está el mundo y viendo los países desde los que las personas solicitan asilo, es complicado mantener una afirmación como la que se hace desde el Ministerio. Otra cosa es que no haya suficientes instructores, ni medios, ni mucha gente pueda aportar las pruebas (aunque no es un juicio) que se consideran útiles para demostrar que son perseguidos o circunstancias varias que tienen que ver con nosotros, nuestros procedimientos politizados y no realmente con las personas que piden asilo, sospechosas de ser unas aprovechadas; cosa bastante grave.
Insistamos en ello. Desde que se escuchan cosas así, faltan las pruebas que sustenten tal afirmación por lo que cada cual puede pensar lo que quiera. En otros ámbitos resulta más sencillo obtenerlas o se pone mayor interés, pero en éste no se me ocurre cómo. La información la gestiona el Ministerio y lo único que podemos saber es el porcentaje de denegaciones. Por lo tanto, como se deniegan históricamente casi el 80% de todas las solicitudes, todos los años, se podría colegir que el número de mentirosos y mentirosas es cercano a ese dato ¿no? Pues no parece razonable y eso que, insisto, lleva argumentándose lo mismo desde hace décadas, no es nuevo de ahora que los inmigrantes -nos dicen- tienen otras vías de acceso cerradas (otra mentira).
Y en todo caso, una duda adicional; si se admiten a trámite un 80% de solicitudes que serán denegadas, algo -quizás- se podría mejorar desde el Ministerio, sin duda previo a afirmar sin argumentar o datos, algo que puede favorecer una serie de prejuicios sociales sobre las personas solicitantes, cuyas consecuencias acabarán siendo funestas, aunque predecibles, puesto que ya viene ocurriendo: cada vez más personas dormirán en la calle, con o sin menores a cargo.